No lo pudo hacer Menem, ¿lo conseguirá Milei? El trasfondo del traspaso de la empresa de aguas y cómo se va a concretar la venta de las acciones del Estado.
El Gobierno comenzará formalmente el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el primer gran gigante de la Era Milei en pleno año electoral, que confluye la agenda de reducción del Estado con una empresa vinculada al exceso kirchnerista y la corrupción política.
Por caso, AySA tiene como antecedente el intento fallido de privatización en 1993 durante la gestión de Carlos Saúl Menem que culminó, en 2006, con su reincorporación al Estado en manos del expresidente Néstor Kirchner. Según el Gobierno, desde entonces la gestión de la empresa no fue solamente ineficiente en términos operativos sino que además fue una herramienta de plataforma política con el desvío de sus recursos.
El gigante que hoy dirige Alejo Maxit formó parte del capítulo de privatizaciones de la Ley de Bases un hace más de un año atrás. «Hoy el Gobierno tiene mandato para privatizar lo que se le ocurra y no cerró ninguna», le había reprochado el expresidente Mauricio Macri durante la campaña porteña.
El Gobierno ahora redobló la apuesta de cara a los comicios locales en la provincia de Buenos Aires y las nacionales de octubre con la privatización de una de las mayores proveedoras de servicios sanitarios del mundo y la segunda más grande de América Latina, tras la privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) y el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano.
Según los datos que resaltó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la última gestión, que estuvo a cargo de la bonaerense Malena Galmarini, la empresa gastó 4.800 millones de dólares, de los cuales 200.000 millones estuvieron designados a obras públicas que, además, el 25% se concentraban en Tigre y Malvinas Argentinas. «No es una empresa constructora. El Estado Argentino lo hizo mal y el único objetivo era avanzar en anuncios políticos», resumieron desde la empresa.
Paso a paso: cómo sigue el proceso de privatización
La privatización consiste en la venta del 90% de acciones que están en manos del Estado Argentino, aunque desde el sector no pudieron precisar todavía cuánto estiman ahorrar. «La cantidad de acciones se va a definir con las distintas formas de venta. En una primera etapa, se va a vender al menos el 51% de esas acciones que hoy están en manos del Estado para que se transfiera el control de la empresa», precisó una fuente del sector ante El Cronista.
En ese sentido también destacaron que no va a haber una nueva concesión sino que la privatización se va a limitar solamente a vender ese paquete accionario. El objetivo será que AySA «viva de la tarifa», lo cual reconcomen como principal financiamiento desde que se fue Galmarini, al margen de lo que fue finalizar la inversión del Sistema Riachuelo.
De esta manera, la infraestructura de AySA va a mantenerse bajo propiedad estatal.
El primer paso es la Licitación Pública Nacional e Internacional, que deberá completarse en un plazo de 330 días, con el fin de incorporar un operador estratégico privado con capacidad técnica, para después implementar la Oferta Pública Inicial en otros 90 días adicionales. «La idea es que esto sea lo más rápido posible y esperamos para el segundo semestre tener al menos un pliego, van a haber muchas novedades para entonces», precisó al Cronista una alta fuente de la empresa.
Si bien en el Gobierno aún no quisieron anticipar sobre los potenciales oferentes, las fuentes dejaron trascender que evalúan la incorporación de consorcios que tengan mirada local, técnica y compromiso de inversión. «Hay intereses locales y también regionales», agregaron, en ese sentido.
Sobre lo que refiere a la planta de trabajo, se pueden esperar recortes: de los 12.178 empleados que actualmente emplean en AySA, para fin de año esperan que se reduzcan a 6.100. De todos modos, el plan de recorte de empleados no formará parte necesariamente de la privatización: «Se lo vamos a dejar en manos al privado», resumieron las fuentes.
No es ajeno que bajo la gestión de Maxit, quien reemplazó a Marcelo Papandrea en marzo de este año, la empresa consiguió su primer superávit. De los mayores costos que tenía la empresa, eran las remuneraciones de los empleados.
En esta línea, desde el Gobierno creen que hasta antes de la asunción de la gestión libertaria, hubo sobredimensionamiento del personal: el dato que arrojaron es que el 90% del aumento en la planilla no implicó mejores en productividad y que, por caso, la Productividad Laboral disminuyó 5,200 metros cúbicos por empleados en 2006 a 3,800 en 2023.
Por Daniela Romero
