Una serie de irregularidades en el manejo de G. 828 mil millones destinados a la construcción de cuatro hospitales llevó a la formulación de una denuncia penal y a una exhaustiva auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) que concluyó con un lapidario informe.
El contrato de fideicomiso, firmado en 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes, mediante una ley que permitió este tipo de acuerdo, buscaba financiar la construcción de un hospital hemato-oncológico, una policlínica, un Hospital Día, y la culminación del hospital de Ingavi. Sin embargo, un año después, en diciembre de 2018, ya bajo la administración de Mario Abdo Benítez, se realizaron adendas al contrato original, lo que permitió el uso de fondos para “otros centros de salud”, desvirtuando el propósito inicial.
De los cuatro hospitales previstos solo dos concluyeron pero sin haber pagado la totalidad a los proveedores, otro permanece inconcluso y el hospital hemato-oncológico, ni siquiera se construyó. A pesar de ello, los recursos del fideicomiso se agotaron, sin que las obras previstas se finalicen. Pese a que la ley aprobada establecía claramente los cuatro centros prioritarios para el destino del acuerdo de fiducia, el 77 % de los G. 828 mil millones se utilizaron en 40 licitaciones relacionadas con esos “otros centros de salud”, esto se concretó ya durante la administración abdista.
Entre 2022 y 2023 se realizaron los mayores desembolsos del fideicomiso, pero no fueron destinados a las obras originales. La mala gestión de los fondos generó millonarias demandas contra el IPS, ya que, aunque algunas obras fueron realizadas, los pagos a las constructoras no se completaron, lo que derivó en litigios judiciales. Las constructoras, al no recibir sus pagos, entablaron demandas contra la institución.
En febrero de este año, una consultora privada realizó un análisis del contrato fiduciario, encontrando numerosas irregularidades en su ejecución. A partir de estos hallazgos, las autoridades actuales del IPS presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía, abriendo una causa a cargo del fiscal Néstor Coronel. Posteriormente, de manera paralela, la Auditoría Interna del IPS inició una investigación sobre dos de las 40 licitaciones realizadas bajo la cláusula de “otros centros de salud”.
El informe de esta auditoría, que concluyó la semana pasada y consta de 448 páginas, revela la existencia de 21 obras fantasma, así como un perjuicio económico de G. 1.600 millones. Este monto es la diferencia entre lo que certificó y pagó, de lo que realmente se ejecutó y puede verse a simple vista.
Actualmente, la Dirección de Auditoría del IPS está investigando el contrato fiduciario original, para identificar a los responsables de la adenda que alteró el destino de los recursos.
Respecto a lo que dice el contrato, en el punto 3 se aclara que la entidad financiera debe hacer la debida diligencia para cumplir con la finalidad de la fiducia, y en el punto 2,4 se establece que el gerente de Infraestructura del IPS es el responsable de firmar las órdenes de pago, y si hay cambios, se debió comunicar 24 horas antes y con el aval del Consejo de Administración.
En ese sentido, la investigación detectó que los desembolsos de los G. 828 mil millones fueron autorizados por el gerente de mantenimiento del IPS, en lugar del gerente de infraestructura, tal como lo estipulaba el contrato. Este cambio en las órdenes de pago debió haber sido comunicado por escrito, pero no consta en ninguna documentación oficial.