La ejecución de 792 fiscalizaciones a las arcas de los gobiernos regionales, Carabineros, delegaciones presidenciales y municipalidades, permitió detectar «prácticas sistemáticas que afectan la ejecución presupuestaria, como estimaciones sobredimensionadas de ingresos, omisiones en registros contables, partidas de vieja data sin regularizar, falta de conciliaciones bancarias y desviaciones en el uso de fondos específicos», indica el informe
La Contraloría chilena tiene dudas razonables respecto a la falta de transparencia de las cuentas estatales, tras descubrir irregularidades administrativas de 1579 millones de dólares, en gastos efectuados entre abril de 2024 y marzo de 2025.
En el documento publicado en el sitio web del organismo hay diferentes categorías sobre las mayores irregularidades detectadas que abarcan, en un primer renglón, al incumplimientos de normas contables y presupuestarias, en las cuales hay más de 359 millones de dólares en juego. Después, en un segundo escalafón, están las fallas en cumplimiento de contratos, por reportar 328 millones de dólares y en un tercer lugar se posicionan las deficiencias en la rendición de cuentas que alcanzan los 316 millones de dólares.
La ejecución de 792 fiscalizaciones a las arcas de los gobiernos regionales, Carabineros, delegaciones presidenciales y municipalidades, permitió detectar “prácticas sistemáticas que afectan la ejecución presupuestaria, como estimaciones sobredimensionadas de ingresos, omisiones en registros contables, partidas de vieja data sin regularizar, falta de conciliaciones bancarias y desviaciones en el uso de fondos específicos”, indica el informe.
Impugnación en desarrollo
El documento de 233 páginas está en manos del Congreso y en cada apartado hay detalles de las auditorías sobre el manejo de fondos que acumula errores y omisiones por 252 millones de dólares, así como saldos en cuentas que no existían en la contabilidad, fondos específicos sin respaldo bancario, deuda vencida no pagada, y desequilibrios entre conciliaciones bancarias y estados financieros.
El descontrol llevó a la Contraloría chilena a impugnar pagos improcedentes o sin respaldo, por más de 57 millones de dólares. Entre ellos, hay desembolsos duplicados, pagos en exceso, ejecución de servicios no prestados o con cobertura parcial, fondos destinados a personas no habilitadas para recibir beneficios, y ausencia de documentos que acreditaran el uso de los recursos públicos.
En la categoría de ingresos, se alertó sobre más de 81 millones de dólares no percibidos por el Estado, producto de cobros no realizados, multas no cursadas, errores de cálculo y ausencia de gestión ante deudores. “En varios casos, se verificó que las instituciones ni siquiera iniciaron procesos de recuperación”, se asegura en el texto que publicó la institución que lidera Dorothy Pérez.
De la misma forma, se explica que hubo deficiencias en el proceso de adquisiciones de bienes o servicios mediante contratación directa, donde no se acreditaron las causales invocadas para justificar el trato directo, sumados a procesos de compras tramitadas sin aprobación del Concejo Municipal e irregularidades en la evaluación de ofertas de acuerdo con las bases de licitación. En este ámbito se identificaron irregularidades que superan los 80 millones de dólares.
Por último, se estima que cerca de 30 millones de dólares fueron distribuidos en entrega de beneficios irregulares, asignaciones directas de recursos sin fundamentación, ausencia de control de legalidad a ciertos actos administrativos, así como faltantes de inventarios.
Municipios bajo la lupa
La lupa ampliará su espectro para mirar a la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO) por las millonarias subvenciones entregadas sobre las cuales hay dudas. A las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, pertenecientes a la Región Metropolitana, les corresponderá rendir sus cuentas a Pérez por la transferencia de 14 millones de dólares en los últimos tres años a entidades privadas de seguridad que no son fiscalizadas.
Además, la Contraloría investiga a 32 municipios por mal uso de recursos en período electoral durante 2024 y a 342 municipalidades —de 345 que existen en el país— por incumplir con la implementación de un plan de seguridad, al que están obligadas por ley.
Pérez es clave en las pesquisas. A solo seis meses de asumir el cargo marca hitos con fiscalizaciones inéditas, entre ellas, la que permitió identificar el uso de licencias médicas falsas por parte de 25000 empleados públicos para viajar al exterior sin arriesgar sus salarios.
Su gestión promete cambios, considerando que en su primer día en el cargo redujo los “equipos sobredimensionados” de la institución de nueve a tres unidades y creó la división de Gobiernos Regionales y Municipalidades al interior del ente contralor, con el objetivo de monitorear el respeto al principio de probidad.
La idea de Pérez con esta nueva división es contar a tiempo con los dictámenes requeridos para examinar las cuentas de ingresos y gastos de los gobiernos regionales y de las municipalidades, según la cobertura de control que se le asigne. El funcionamiento ya parece estar activo. ¿Se mantendrá? La discusión el próximo año del presupuesto nacional permitirá saber si hay respaldo al estilo “sheriff” de Pérez o no.
