El presidente Javier Milei respaldó un mensaje que propone llevar «la motosierra» al sector responsable de «la industria del juicio»
El presidente argentino, Javier Milei, replicó en sus redes sociales un mensaje de una de las populares cuentas que respaldan la gestión oficial, que propone algo urgente y necesario: el plan “motosierra” para la “industria del juicio” y “los caranchos”. Una de las principales amenazas para la creación de empleo en el país.
Recientemente, el fuero laboral de la justicia volvió a quedar en el centro del debate con la corporativa defensa de los sindicatos del sector público, suspendiendo la anulación del feriado del “día del empleado público”. La actitud evidenció que la corporación de lo que el gobierno denomina como “el partido del Estado” no está dispuesta a abandonar sus privilegios. Pero, más allá de cada discusión en particular, el problema de la llamada “industria del juicio” es algo que necesita solución urgente.
Aunque se avance con la reducción del gasto y la eliminación del déficit –lo que permitirá ir bajando los impuestos– hay una cuestión que desincentiva el empleo, no solamente formal. Por los antecedentes de las últimas dos décadas de centralidad política kirchnerista, contratar un empleado se ha convertido en una actividad de riesgo en Argentina. Las grandes compañías pueden contar con el capital suficiente como para afrontar el problema, además de sus aceitadas oficinas de recursos humanos y legales, pero para los comercios y las pequeñas y medianas empresas esto es un tema más que problemático.
Ante cualquier desvinculación aparecen los “abogados caranchos” que, en complicidad con buena parte de los jueces laborales, pueden mandar a la quiebra a un comercio o a una Pyme, solamente por haber despedido a un empleado.
Cuando un eventual despido puede generar la bancarrota, producto de un juicio laboral, se produce lo que se ve sistemáticamente en el país: desincentivos a la contratación, cuellos de botellas que perjudican a las personas de mayor edad que necesitan trabajar y la necesidad de coincidir con un “conocido” que necesite contratar a alguien, por un vínculo preexistente que reduzca la posibilidad de una demanda.
“Los jueces laborales son impunes en la Argentina. Atrasan 100 años. Ninguno puede explicar cómo vive. Por eso hay que abrirles jury en el Consejo de la Magistratura y designar nuevos para cubrir las vacantes”. Con motivo de la publicación del presidente, una fuente del gobierno le anticipó esta mañana a Infobae lo que podría ser una estrategia para lidiar con el problema.
Es que no es ningún secreto la convivencia de los jueces del fuero laboral con los sindicatos, a los que le brindan fallos a medida. Lo que sí es un misterio es el nivel de vida que tienen muchos funcionarios judiciales, que evidencian una incompatibilidad con sus ingresos. La cuestión es que, hasta el momento, ningún gobierno había dado esta batalla. Se asumía a priori el problema y, simplemente, se miraba para otro lado.
Por estas horas, el Ejecutivo estaría realizando una auditoria de los fallos laborales, ya que considera que el fuero “le declaró la guerra” al programa de reformas que implementa la gestión actual. El as bajo la manga que manejan los abogados del oficialismo para lidiar con la situación y comenzar a solucionar el problema está en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia: hay antecedentes de una posibilidad que le permita al Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires intervenir como “instancia superior” en causas civiles, comerciales y laborales.
