Se realizaron unas grabaciones clandestinas en Casa Rosada y un sector del periodismo comenzó a utilizarlas electoralmente en contra del gobierno. La cautelar de la justica y la polémica.
La última semana, un grupo de periodistas alineados con el kirchnerismo difundió dos breves audios donde se escuchaba hablar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que supuestamente había sido grabada en una reunión en Casa Rosada.
Aunque se presentaron con indignación, y más de uno buscó encontrar en los audios alguna prueba que corroborara irregularidades o hechos de corrupción, lo cierto es que lo que se escucha decir a la hermana del presidente no tenía que ver con eso. En un momento se le oye decir que el equipo de gobierno debe estar unido y en la otra grabación, Karina Milei dice que llega a la Casa Rosada a las ocho de la mañana, para irse a las once de la noche.
Las grabaciones no decían nada relevante. Sin embargo, desde el canal de streaming Carnaval y en C5N se anunció desde el viernes pasado la difusión de nuevo material, que supuestamente generaría un escándalo, en la víspera del proceso electoral. El próximo fin de semana tendrán lugar las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y en octubre las parlamentarias nacionales.
Hace algunas horas, la justicia emitió una cautelar para evitar que comunicadores como Jorge Rial difundan los audios anunciados. Como era de esperar, de los espacios críticos al gobierno se hizo referencia a la supuesta censura que el gobierno habría podido conseguir mediante la intervención de un juez, que hizo lugar a una demanda presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia presentada por el gobierno solicitó «medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”. Esto con el fin de garantizar “la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”.
Como confirmó esta tarde el vocero Manuel Adorni la justicia «ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada». Según dijo el vocero oficial, que mostró el fallo en sus redes sociales, «se reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
La misma Bullrich hizo referencia a la polémica y aseguró que si se logran conseguir grabaciones ilegales dentro de la casa de gobierno, en realidad existe un «estado de indefensión». Para la funcionaria del Poder Ejecutivo, hay una clara intención de «mover la economía, hacer subir el precio del dólar y complicar al gobierno». En su opinión, es probable que haya habido algún tipo de accionar de «servicios de inteligencia rusos».
Aunque la oposición puso la lupa sobre el juez Alejandro Marianello, ya que sobre sus espaldas pesan denuncias por violencia de género, lo cierto es que la asignación es por sorteo y nada tiene que ver la problemática personal del magistrado (que deberá defenderse en el Consejo de la Magistratura) con toda la polémica.
PanAm Post consultó a especialistas del mundo jurídico argentino y las fuentes señalaron que, aunque se pueda argumentar desde los medios que existe algún tipo de censura, nada tiene que ver la prohibición de difundir audios obtenidos ilegalmente con la supuesta actitud censora que se imputa desde la oposición.
«Los audios privados no deben darse a difusión sin consentimiento de quien los grabó. Es probable que esto se haya filtrado como un mensaje, para dar la señal que están siendo grabados. Es decir, un comportamiento extorsivo», aseguró una fuente judicial.
De haber existido una verdadera búsqueda de una supuesta verdad, con la finalidad de la transparencia de los actos de gobierno y los funcionarios, lo cierto es que los audios habrían sido difundidos desde un primer momento. En lugar de esto, se anunció como la continuidad de unas secuelas anunciadas, que tenían a un país esperando saber de qué se trata. En este sentido, y dada la ilegalidad evidente de las grabaciones, la justicia ordenó a las señales que no se difundan. El hecho que las mismas no estén en todos los teléfonos celulares de Argentina para este momento, da a entender que lo que había detrás de todo esto era un comportamiento extorsivo, con la finalidad de afectar directamente el proceso electoral que tendrá lugar en estos meses.
Todo parece indicar que, de aquí a octubre, habrá un largo y tedioso septiembre, repleto de operaciones políticas. Habrá que ver si todo esto termina afectando o no la próxima conformación parlamentaria, que debe asumir el 10 de diciembre.
