Tras la crisis de 2001, una desocupada con hijos menores se inscribe en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, para cobrar un subsidio de $ 150 mensuales. Con la amenaza de quitarle el beneficio, el puntero político encargado de certificar que ella cumple con la contraprestación laboral que exige el programa, le cobra $ 15 por mes y, en algunas ocasiones, la presiona para que asista a marchas o actos partidarios. 
La historia, a la que se le pueden agregar distintos nombres propios y lugares geográficos, es el modelo típico de los casos de clientelismo registrados en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el mayor programa de asistencia social de la Argentina, con 668.000 beneficiarios en la actualidad y más de 2 millones en sus primeros meses, en 2002. 
Según un estudio que acaba de terminar el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) además de los pedidos de dinero y de las presiones para asistir a marchas o piquetes, los destinatarios del programa deben soportar que les exijan tareas en casas particulares, siempre bajo la amenaza de darles de baja el subsidio. A los hombres los usan como jardineros o albañiles. A las mujeres, que en algunos casos sufren acoso sexual, las utilizan como empleadas domésticas. 
Cippec está entre los mejores cinco think tanks privados de América latina, según el reconocimiento que le dio el año pasado la Universidad de Filadelfia.