El mandatario argentino está decidido a que los argentinos usen sus dólares. La idea confronta con una crítica que, llevada a su máxima, evidencia su contradicción.
El presidente argentino, Javier Milei, reiteró que piensa impulsar las reformas necesarias para que los ciudadanos saquen sus dólares del “colchón” sin miedo a represalias impositivas o legales. Sin medias tintas, le dijo al país que podrán utilizar su dinero libremente, sin que el Estado pueda siquiera preguntarles por el origen de los fondos. Como era de esperar, la propuesta libertaria tiene sus detractores y sus precarios argumentos. El problema es que, si esas críticas se llevan a su máxima, llegamos a una situación absolutamente nefasta que analizaremos más adelante.
Esta iniciativa, que podría sonar polémica en un país medianamente civilizado, tiene todo el sentido del mundo para Argentina y su necesidad de reactivar la economía en el marco del ordenamiento fiscal consolidado. El estatismo agobiante llegó tan lejos que si alguien cumplía con todos los requisitos impositivos y regulatorios, era imposible que sobreviviera. No hablamos de márgenes mayores o menores de ganancias, sino de la mera subsistencia de la actividad económica.
Recuerdo cuando Mauricio Macri quitó el cepo cambiario por primera vez (sin corregir las problemáticas de fondo y sin implementar estas medidas cuestionadas) me presenté en el banco donde tengo registrada mi tarjeta de crédito. Informé que era periodista, trabajaba para un medio radicado en el exterior y deseaba “blanquear” mi módico ingreso en el sistema bancario para utilizar mi tarjeta de débito. Me cobrarían algún impuesto y también alguna comisión bancaria. Igualmente, algo ya debía pagar en la “cueva” para bajar el dinero de las plataformas virtuales.
La misma empleada bancaria me recomendó seguir “en la clandestinidad”, ya que, si deseaba hacer eso, debía ingresar en el registro de “exportadores”, al igual que los grandes terratenientes con vacas, chanchos, soja y trigo. Hablamos de un importe que en ese momento no llegaba a los 800 dólares mensuales. O sea, la dicotomía ya no era evadir o no al Estado porque, como dije, la “mordida” la sufría igual entre la “cueva” y las plataformas de dinero virtuales, sino que era seguir trabajando “en negro” o abandonarlo, ya que los requisitos gubernamentales no eran compatibles con la realidad ni la lógica.
Otra anécdota personal también puede ilustrar al lector del exterior sobre el divague al que nos llevó el Estado argentino. En un seminario de economía en la provincia de Neuquén, el propietario de una heladería le contó al grupo que necesitaba evadir los impuestos en distintas instancias ya que, de pagar todo lo requerido, la ganancia sería tan magra que desincentivaría totalmente abrir todos los días la persiana de su Pyme. Sin embargo, este joven emprendedor nunca supo cuánto se reduciría su ganancia al cumplir con lo que pedían desde el Estado municipal, provincial y nacional, así que propuso su caso para un ejercicio: le dedicamos un módulo a analizar los gastos a los proveedores, impuestos, salarios y gastos generales, hasta el caso de emitirle su ticket a cada cliente. Como nos había dicho, era necesario evadir un porcentual en todas las transacciones.
El resultado al que llegamos lo sorprendió. Pagando todo lo dispuesto, el resultado no era una muy magra ganancia desincentivadora, como él pensaba, sino directamente estaría operando en rojo, perdiendo plata todos los meses. Esta fue la realidad económica de mucha gente con trabajos en la informalidad o que compraron dólares en el mercado negro en medio del cepo. Hubo quienes también hicieron escrituras de propiedades por debajo del valor de las transacciones e incluso escondieron herencias familiares al fisco o celebraron contratos de palabra lejos del alcance de la ley.
No son delincuentes, son sobrevivientes de una clase política que desconoció las restricciones presupuestarias, imprimió billetes impunemente y cobró impuestos imposibles a las actividades comerciales entre privados. Afortunadamente, el presidente argentino no solamente lo entiende, sino que se anima a manifestarlo de cara a la sociedad.
Curiosamente, donde sí debería existir un estricto control sobre lavado de dinero y evasión es en la política, ya que muchos funcionarios no pueden explicar su nivel de vida con sus salarios públicos. Recientemente, siguiendo el caso del ganador de un Loto millonario en un pueblo de la provincia de Buenos Aires me enteré de una maniobra insólita que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Cuando alguien “le pega” a un premio grande, y en la ciudad comienza a correr el rumor sobre la identidad del afortunado ganador, el titular del cartón con los seis números de la suerte suele recibir una visita de algún político con inconvenientes a la hora de justificar el patrimonio.
En estos casos, parece que se hace una propuesta interesante y beneficiosa para ambas partes: el político ofrece comprarle el boleto ganador (que se adquiere anónimamente y no registra identidad con el portador) a un valor superior al que ganaría en caso de ir a cobrarlo por ventanilla.
Imaginemos que el premio es de un millón de dólares y que, luego de los impuestos y recortes, al ganador le queden 850.000 dólares. Bueno, el político o sus colaboradores le proponen al ganador del premio 1.050.000 dólares en la mano. O sea, la persona puede ganar una buena diferencia si decide “vender” su premio. El corrupto paga un monto, pero blanquea mucho más, con lo que puede comprarse una nueva pequeña mansión sin ser requerido por la justicia y el fisco.
Sin embargo, el Estado argentino se dedicó sistemáticamente a perseguir a los trabajadores y emprendedores, utilizando a los bancos como una extensión de la agencia recaudadora de impuestos. En una oportunidad, una entidad bancaria me intimó a presentar documentación respaldatoria vinculada a una transferencia que recibí de 7000 dólares. El tono de la comunicación fue como si se estuvieran dirigiendo a un delincuente, situación a la que no hice lugar de ninguna manera. Si los ciudadanos no se hacen respetar, los parásitos y sus socios les van a pasar siempre por encima.
La consecuencia delirante de los que boicotean las reformas
Ante la propuesta de Milei de que los dólares circulen libremente, los opinólogos de oficio apelan a una crítica para discutir las reformas: aseguran que, si se usan los dólares sin mayores explicaciones, Argentina será un país tentador para los narcotraficantes y el lavado de dinero.
Ante la pregunta del periodista Antonio Laje sobre la cuestión, el presidente argentino brindó una respuesta lógica: los temas vinculados al delito deben ser abordados por las carteras de Seguridad. Nada debe tener que ver con la política económica.
Si se pretende llevar al tope esta visión de asedio, que además es incompatible con el principio constitucional de la presunción de inocencia, el camino lleva al callejón sin salida de la eliminación del dinero en efectivo. Si se separa de la discusión los principios morales, éticos y constitucionales, siempre será relativo el número máximo de dinero que los gobiernos consideren oportunos para gastar sin rendir explicaciones.
Todo esto, que puede llegar a sonar delirante, ya está en la cabeza de varios burócratas en Estados Unidos o la Unión Europea, que fomentan la bancarización forzosa con varias excusas, las cuales van desde la seguridad personal hasta, como lo que mencionan aquí, el combate del dinero mal habido del narcotráfico.
La defensa del dinero descentralizado y anónimo es una causa de vital importancia para la causa de la libertad en todo el mundo. Bitcoin y Blockchain hicieron un aporte relevante en este sentido, con la creación y funcionamiento de una moneda privada, pero es necesario mantener siempre la posibilidad de que las personas manejen sus recursos como quieran ante el eventual acoso gubernamental.
