Según el Índice Global de Pensiones 2025 del Mercer CFA Institute, el sistema previsional argentino se ubicó en el puesto 51 entre 52 países encuestados, mientras que los de Chile y Uruguay destacaron en la región. Los Países Bajos encabezaron la lista a nivel mundial con una puntuación de 85,4 (calificación A).
Los sistemas argentino y uruguayo difieren en 25,2 puntos y treinta puestos en la clasificación global, lo que pone de manifiesto una marcada disparidad entre estos países vecinos. Argentina obtuvo 45,9 puntos con una calificación D, superando únicamente a India. Esto refleja graves debilidades estructurales, según advirtieron los expertos.
Otros países latinoamericanos evaluados fueron México (69,3 puntos, B), Colombia (62,5 puntos, C+), Brasil (56,2 puntos, C) y Perú (55,3 puntos, C). El informe también planteó inquietudes sobre la capacidad de Argentina para mantener el pago de las pensiones a medio y largo plazo.
Existe un creciente interés regional en fortalecer los sistemas de pensiones, como lo demuestran las reformas en países como México, Chile, Colombia y Uruguay, centradas en aumentar las contribuciones y mejorar las estrategias de inversión, según el estudio.
El sistema uruguayo se considera robusto y equilibrado en las tres dimensiones del índice (Adecuación, Sostenibilidad e Integridad). Su sólida puntuación en Adecuación (83,8 puntos) sugiere que su sistema mixto (pilares público y privado) ofrece beneficios adecuados. Las reformas recientes incluyen la ampliación progresiva de la edad de jubilación y la creación de incentivos para una vida laboral más larga.
El Índice Global de Pensiones evalúa los sistemas en función de tres dimensiones fundamentales: Adecuación: si las pensiones proporcionan un nivel de vida digno; Sostenibilidad: la capacidad del sistema para mantenerse financieramente viable en el futuro; e Integridad: el nivel de transparencia, gobernanza y protección de los ahorros de los trabajadores.
“Ocho sistemas de ingresos para la jubilación mejoraron su calificación en el Índice este año, y ninguno sufrió una disminución”, señala el informe, destacando que “la provisión de ingresos para la jubilación está mejorando a nivel mundial”. “Existe un creciente interés en fortalecer los sistemas de pensiones, como lo demuestran las reformas implementadas o en revisión en países como México, Chile, Colombia y Uruguay”, explicó Leonardo Lara de Mercer. Estos países están implementando “cambios significativos en la estructura de sus sistemas, aumentando las contribuciones al ahorro para la jubilación y mejorando las estrategias de inversión”, añadió.
“Uruguay continúa consolidando un sistema de pensiones sólido y sostenible gracias a reformas técnicas que han mejorado la sostenibilidad fiscal y la suficiencia de las pensiones”, explicó Dolores Liendo, Líder de Patrimonio de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay. El país ha implementado un conjunto de reformas técnicas, que incluyen el aumento gradual de la edad de jubilación, el establecimiento de incentivos fiscales y laborales para prolongar la participación de las personas en la fuerza laboral y el fortalecimiento de los esquemas de ahorro complementario voluntario.
“El desafío ahora es complementar la reforma previsional con políticas activas de empleo para la tercera edad, capacitación continua y la promoción del ahorro voluntario”, añadió. “Cuanto antes incorporemos herramientas que ayuden a las personas a visualizar sus futuras pensiones y las decisiones que las determinan, mejor preparada estará la próxima generación para una longevidad con bienestar y dignidad”, señaló también respecto a la necesidad de una sólida educación financiera.
“Argentina mantiene una posición crítica, que refleja desafíos estructurales persistentes en sostenibilidad e integridad”, insistió Liendo. “Para avanzar, es fundamental implementar reformas que fortalezcan la formalización laboral, protejan el poder adquisitivo de los jubilados, mejoren la transparencia y la eficiencia del sistema, simplifiquen los regímenes de contribución y combinen incentivos concretos para los trabajadores autónomos e informales”. El informe también señala que la alta tasa de informalidad laboral, que supera el 35% según cifras oficiales, erosiona constantemente la base tributaria y afecta directamente la sostenibilidad financiera.
